TRANSCRIBIMOS Oficio Nº 365 (2005) del Fiscal Nacional
OFICIO FN Nº 365 /
ANT: No hay.
MAT. : Modificaciones introducidas a la Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales por la Ley 20.021.
SANTIAGO, junio 22 de 2005
DE : SR. FISCAL NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO
A : SRES. FISCALES REGIONALES, FISCALES ADJUNTOS, ABOGADOS ASESORES
Y AYUDANTES DE FISCAL Y DIRECTORES DE UNIDADES.
Con motivo de haberse modificado la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales, mediante la Ley 20.021, publicada en el Diario Oficial de 14 de Junio de 2005, se ha estimado necesario dictar instrucciones generales respecto a la persecución de los delitos contemplados en esa normativa, especialmente en lo que se refiere a los tipos penales modificados y a los procedimientos aplicables de acuerdo a ello.
I.- ASPECTOS GENERALES.-
En la actualidad, las principales amenazas o riesgos que padecen las diferentes manifestaciones del patrimonio cultural de nuestro país, como son los Monumentos Nacionales, corresponden a los daños en general, el saqueo de sitios arqueológicos y paleontológicos, los robos y el tráfico ilícito de bienes culturales.
Frente a esta realidad, diversas disposiciones del ordenamiento jurídico nacional, establecen la necesidad de asegurar la conservación de los bienes que forman parte del patrimonio cultural de nuestro país, sancionando las conductas contrarias a dicho objetivo.
La Constitución Política de la República reconoce la protección del patrimonio cultural en dos numerales del artículo 19. En primer lugar, el inciso quinto del artículo 19 Nº 10, establece como obligación del Estado, la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. A su vez, el artículo 19 nº 8, asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, garantía que debe ser entendida en concordancia con la definición propuesta por el artículo 2, letra ll) de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, el cual consagra un concepto amplio de medio ambiente, incluyendo en él no sólo los componentes naturales sino también, los culturales.
El legislador ha materializado la protección del patrimonio cultural a través de diversas normas especiales: Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, Ley 19.253 y Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales.
La Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente incorpora el patrimonio cultural dentro de los aspectos protegidos por sus disposiciones, al considerar como parte del "medio ambiente" los elementos socioculturales y sus interacciones .
Un segundo cuerpo legal especial que incide en la protección del patrimonio cultural, específicamente en el de los pueblos indígenas, es la Ley 19.253, sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas.
Finalmente, la principal norma legal que brinda protección al patrimonio cultural, es la Ley 17.288, publicada en el Diario Oficial de 4 de Febrero de 1970, sobre Monumentos Nacionales y su Reglamento sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, que institucionaliza la protección de los Monumentos Nacionales en nuestro país, entendidos éstos como una de las manifestaciones del patrimonio cultural.
El Consejo de Monumentos Nacionales pasó a constituir un organismo técnico del Estado, dependiente del Ministerio de Educación, responsable de velar por el patrimonio cultural declarado Monumento Nacional de acuerdo a dicha ley.
El artículo 1° de la Ley 17.288 señala que “Son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos antropoarqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo. Su tuición y protección se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, en la forma que determina la presente ley”.
Luego de cuatro años de tramitación legislativa, el Senado aprobó la Ley 20.021, incorporando un conjunto de modificaciones a la Ley 17.288, las cuales consisten en el reemplazo de la unidad de determinación de las multas, por unidades tributarias mensuales y la ampliación de los tipos penales, no sólo a los daños o afectación de la integridad de un Monumento Nacional sino también a conductas de apropiación y receptación de los mismos.
Iniciada la tramitación del Proyecto de Ley respectivo con fecha 6 de Junio del 2001, en los antecedentes del mismo se señaló que “En la actualidad los medios de resguardo del patrimonio cultural en general son, sin duda, insuficientes. Lo anterior quedó demostrado con el reciente descubrimiento realizado en Arica, donde un pescador recolectó más de 1.200 piezas que permitirían reconstruir el valioso pasado precolombino, desde comienzos de la era cristiana hasta la llegada del imperio inca”, para luego concluir, a propósito del marco jurídico de protección existente a la fecha que, “esta reacción supone necesariamente una adecuación de las figuras sancionatorias contempladas en la ley Nº 17.288 sobre monumentos nacionales, las que hasta el momento no son lo suficientemente represivas, por lo que no generan un efecto preventivo general”.
También en la discusión parlamentaria, el Consejo de Monumentos Nacionales planteó que el bien jurídico penalmente protegido por dicha ley correspondería a la “integridad de los monumentos nacionales, en vista de su relevancia como parte del patrimonio cultural del país”
II) ASPECTOS PENALES MODIFICADOS POR LA LEY 20.021.
1) Modificación del artículo 38 de la Ley 17.288.
El nuevo texto del artículo 38 de la Ley 17.288 prescribe que “El que causare daño en un monumento nacional, o afectare de cualquier modo su integridad, será sancionado con pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales.”
El artículo 38 sustituido sancionaba “al particular” que cometiera los hechos descritos. Corresponde destacar que en su actual redacción, el artículo 38 no establece la exigencia de un sujeto activo determinado o calificado, pues utiliza la expresión “el que” pudiendo corresponder éste, tanto a un particular (tal como lo hacía el texto hoy modificado) como a un funcionario público, en cuyo último caso, podrá agravarse su responsabilidad, si concurre la circunstancia modificatoria que establece el artículo 12 número 8 del Código Penal.
En cuanto a la conducta típica, la nueva formulación del delito tiene la ventaja de que la pena ya no depende del valor del daño material causado (lo que tratándose de bienes de interés cultural o histórico es difícil de determinar), sino que constituye un delito independiente, cuyo marco penal es invariable, cualquiera que sea el monto del daño causado. Por otra parte, los verbos rectores con que se describe la conducta punible tienen un sentido más amplio y objetivo, ya que causar daño admite una gama infinita de posibilidades, a diferencia de lo que ocurría con la palabra “destruir”, al mismo tiempo que se superan los problemas a que da lugar la expresión “causar perjuicios”, que normalmente se entiende en un sentido netamente patrimonial – económico, como perjuicio estimable en dinero. Se reemplazó igualmente la referencia a las piezas o partes de que pueda constar el monumento nacional, por la mención de cualquier hecho que afecte su integridad, aunque no tenga piezas o partes identificables como tales.
El daño causado al monumento nacional deberá entenderse en un sentido amplio, como cualquier menoscabo sufrido por el objeto de que se trate, e incluso cualquiera alteración que repercuta sobre su valor histórico o cultural aunque no implique detrimento en su materialidad o integridad, por ejemplo, ensuciando con pintura a una estatua o un archivo histórico. Como el daño que afecta al monumento nacional puede ser de mayor o menos intensidad, ello se reflejará en la determinación de la pena concreta que se aplique al o a los responsables, para lo cual el juez podrá graduar tanto la pena corporal como la pecuniaria, en virtud de la parte final del artículo 69 del Código Penal.
2) Incorporación del artículo 38 bis a la Ley 17. 288.
Teniendo en cuenta que las posibilidades de atentar contra el patrimonio cultural no se agotan en los daños, sino que incluyen también la ocupación o sustracción de monumentos nacionales o parte de ellos, con fines de lucro, la ley 20.021 incorporó una nueva figura penal en el artículo 38 bis, cuyo texto es el siguiente:
“La apropiación de un monumento nacional, constitutiva de los delitos de usurpación, hurto, robo con fuerza en las cosas, o robo con violencia o intimidación en las personas, así como su receptación, se castigará con pena de multa de cincuenta a doscientas unidades tributarias mensuales, además de la pena privativa de libertad que corresponda de acuerdo a las normas generales.
“Tratándose del hurto, si no fuera posible determinar el valor del monumento nacional, se aplicará la pena de presidio menor en sus grados mínimo a máximo, además de la pena aludida en el inciso precedente”.
Mediante este nuevo delito se castiga con una pena pecuniaria independiente la comisión de alguno de los delitos contra la propiedad cuando recaiga sobre un bien declarado monumento nacional, sea este mueble o inmueble ( de ahí la inclusión de delito de usurpación), pena que se impone además de la pena privativa de libertad correspondiente del delito de que se trate, esto es, además de las penas del robo, hurto, usurpación y receptación.
Para el caso del hurto, en que la pena se determina sobre la base del valor de la cosa hurtada, atendidas las dificultades que puede presentar dicha valorización, el inciso segundo del artículo 38 bis, establece que cuando no sea posible determinar el valor del monumento nacional sustraído, se aplicará la pena de presidio menor en sus grados mínimos a máximo, dejando así un margen lo bastante amplio como para que el juez decida en cada caso la pena que corresponda, de acuerdo a las particularidades concretas del bien sustraído.
En relación a estas conductas de apropiación de Monumentos Nacionales, debe tenerse en cuenta la existencia de diversas Convenciones Internacionales, dictadas con el objetivo de reprimir y sancionar el tráfico ilícito de bienes culturales.
III. ASPECTOS PROCESALES.-
1) Diligencias de investigación.
En atención al interés público comprometido en los delitos previstos en la Ley 17.288, es relevante considerar las siguientes diligencias mínimas al inicio de la investigación:
a) Resguardar el sitio del suceso por parte de las policías, en los términos previstos por el artículo 83 letra c) del Código Procesal Penal, y de acuerdo a las instrucciones particulares impartidas por el fiscal adjunto, atendidas las circunstancias concretas.
b) Requerir el apoyo de unidades policiales especializadas cuando la envergadura del ilícito lo amerite, entre las que destaca por su experiencia la Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, dependiente de la Policía de Investigaciones de Chile, sin perjuicio de las tareas realizables por los propios funcionarios policiales regionales.
c) Requerir información del Consejo de Monumentos Nacionales, con relación a la efectividad de tratarse el bien afectado, de alguno de los tipos de bienes protegidos por la Ley 17.288.
d) Requerir información conforme al artículo 19 del Código Procesal Penal al Consejo de Monumentos Nacionales o a otros organismos públicos competentes, acerca de la avaluación económica de los daños en el Monumento Nacional afectado, de su valor estimado en caso de apropiación por terceros, o de otras materias en que sea necesaria una opinión experta, y solicitar informes periciales de sus funcionarios en la medida que cuenten con personal para hacerlos.
2) Salidas preliminares.
2.1) Principio de oportunidad
En el Instructivo N° 35 del año 2000 se precisó el alcance del artículo 170 del Código Procesal Penal, reiterando en todas su partes que para resultar procedente no iniciar una investigación o abandonar la ya iniciada, deben concurrir tres requisitos copulativos: que la pena mínima asignada al delito no exceda de presidio o reclusión menor en su grado mínimo; la inexistencia de compromiso grave del interés público y, que el delito no haya sido cometido por funcionario público, en el ejercicio de sus funciones.
Del análisis de esos requisitos, particularmente los relativos a la pena asignada como al grave compromiso para el interés público que suponen los delitos previstos en la Ley 17.288, hacen no recomendable la aplicación del principio de oportunidad respecto de ellos.
2.2) Archivo provisional.
Son requisitos de procedencia del archivo provisional el que no se haya producido la intervención del juez de garantía; que de los antecedentes no aparezcan indicios suficientes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos, tanto respecto del cuerpo del delito, como de la participación, y la aprobación del Fiscal Regional en caso de penas aflictivas abstractas.
Como se señala en el referido Instructivo N° 42 dictado a propósito de la materia, “Lo que se busca con el archivo provisional es descongestionar el sistema criminal ya que existe una numerosa cantidad de delitos denunciados que no tienen posibilidad de ser aclarados, por lo que es necesario archivarlos, sin perjuicio de procesar los datos y antecedentes que contengan las respectivas denuncias, para acumularlos a otras de similares características y eventualmente, de esta manera, lograr el esclarecimiento futuro de algunos de ellos”.
Por el presente Oficio, se recomienda a los fiscales analizar detenidamente y con prudencia, la aplicación del archivo provisional tratándose de los delitos previstos en la Ley 17.288.
2.3) Decisión de no iniciar investigación.
En el mencionado instructivo N° 42 de 2001, del mismo modo se fijaron criterios sobre la decisión de no investigar, autorizada en el artículo 168 del Código Procesal Penal.
Este Fiscal Nacional no descarta la aplicación de la facultad establecida en dicha disposición legal, en caso que producto de la realización de diligencias mínimas de investigación o en conocimiento de antecedentes suficientes, se constate efectivamente que los hechos investigados no revisten caracteres de delito, o que la acción se encuentra prescrita.
De los requisitos legales establecidos para la procedencia de esta facultad, resulta necesario reiterar el que no se haya producido la intervención del juez de garantía junto a la necesidad de contar con la aprobación de aquel.
3) Salidas alternativas.
3.1) Suspensión condicional del procedimiento.
Son requisitos de procedencia de esta medida alternativa, según lo previsto en el artículo 237 del Código Procesal Penal, que la pena que pueda imponerse al imputado en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no exceda de tres años de privación de libertad, que el imputado no haya sido condenado anteriormente por crimen o simple delito y que sea aprobada por el juez de garantía;
Tratándose de los delitos previstos en la Ley 17.288, cuyas sanciones corresponden a presidio menor en grado medio a máximo más multa y a las penas establecidas en el Código Penal para las conductas de apropiación más multa, se recomienda a los fiscales la aplicación de esta facultad en forma limitada y de modo prudencial, prestando especial atención a las penas previstas para las conductas de apropiación, sumado a la dificultad que representa controlar el cumplimiento de las condiciones de la suspensión en caso de aplicarse esta institución.
Por ello, se precisa que los Fiscales deberán ponderar en cada caso las circunstancias de la comisión del delito, su naturaleza, modalidad y móviles, debiendo perseverar en la investigación y persecución criminal, cuando aparezca necesaria, por la gravedad y trascendencia de los hechos en el caso concreto.
3.2) Acuerdos reparatorios.
La aplicación de las normas relativas a los acuerdos reparatorios, contenidos en los artículos 241 a 246 del Código Procesal Penal, fue analizada en el Instructivo N°34, del año 2000, en el cual se contiene un listado de ilícitos en los que pueden ser aplicados dichos acuerdos celebrados entre la víctima o su representante y el imputado, por tratarse de bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, o de lesiones menos graves o delitos culposos.
Son requisitos de procedencia de esta medida alternativa, que se trate de bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, de lesiones menos graves o de delitos culposos; que el imputado y la víctima presten su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos; y que no exista un interés público prevalente en la continuación de la persecución de la acción penal
En el caso de los delitos tipificado en la ley Ley 17.288, con las modificaciones que se la han introducido, los fiscales deberán poner especial atención a determinar la procedencia de esta medida, teniendo en cuenta quien es la víctima y la existencia de un interés jurídico prevalente.
El profesor GUZMÁN DALBORA, señala que para algunos, el titular del patrimonio cultural es el Estado, sin perjuicio de lo cual se reconoce que las cosas de valor histórico o artístico pueden originar derechos patrimoniales, sin que esto afecte la anterior calificación.
De acuerdo a esto, dicho sector de la Doctrina estima necesario distinguir entre el bien cultural, entendido como una especie de bien inmaterial, cuya titularidad radica en el Estado y el bien patrimonial, referido a la pertenencia económica de la cosa, cuya titularidad podrá corresponder a uno o varios sujetos, y cuya situación jurídica concreta no interfiere sobre el régimen de tutela pública de la función cultural.
También según el profesor GUZMÁN DALBORA, se plantea que se está en presencia de intereses difusos o supraindividuales, los cuales, perteneciendo al conglomerado social en general, son indisponibles incluso para el Estado, el que debe limitarse a su custodia, mantenimiento y promoción.
De este modo, este Fiscal Nacional estima que la regla general debe ser descartar la aceptación de los acuerdos reparatorios para estos delitos, atención la existencia de un interés prevalente en la continuación de la persecución penal y por la dificultad de determinar concretamente cual es la víctima del delito.
4) Procedimientos aplicables.
Considerando la penalidad prevista en los delitos 38 y 38 bis de la Ley 17.288 el procedimiento monitorio resulta inaplicable.
En cuanto al procedimiento simplificado es aplicable en el caso del artículo 38 bis, cuando se trate de la apropiación de un Monumento Nacional, mediante la modalidad del hurto en la medida que el valor del bien no sobrepase de las 4 UTM, o en los delitos de usurpación previstos en los artículos 459 y 462 del Código Penal.
También podrá ser aplicable en el caso que el valor del monumento nacional apropiado no haya sido posible determinar, en la medida que la pena que resulte aplicable sea de presidio menor en su grado mínimo, atendidas las circunstancias modificatorias de responsabilidad del caso concreto.
En consecuencia, respecto de los delitos previstos en la Ley 17.288, la regla general será el procedimiento ordinario y juicio oral sin perjuicio que el fiscal pueda solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, cuando se cumplan los requisitos establecidos para ello en el Código Procesal Penal.
Tratándose del delito establecido en el artículo 38 bis de la Ley 17.288, en la decisión que deban adoptar los fiscales al solicitar el procedimiento aplicable, deberán analizar detenidamente las circunstancias concretas del caso, particularmente cuando la apropiación de un Monumento Nacional sea constitutiva a la vez de figuras penales pluriofensivas, tales como el robo con violencia o intimidación en las personas.
5) Penas a solicitar y medidas cautelares.
Atendidos los intereses que están involucrados en estos delitos, con es el patrimonio cultural y medio ambiental, además de los perjuicios económicos que puedan implicar, los fiscales deben instar por la aplicación de las penas establecidas por el legislador para los distintos tipos penales, comprendiendo tanto las penas privativas de libertad como las penas pecuniarias.
Asimismo, deberán solicitarse las medidas cautelares que resulten necesarias, personales o reales, especialmente cuando se trata de imputados que no tengan arraigo en nuestro país.
IV. Participación del Consejo de Defensa del Estado como querellante, tratándose de los delitos previstos en los artículos 38 y 38 bis de la Ley 17.288.
Tal como señala el artículo 1º de la Ley 17.288, la tuición y protección de los Monumentos Nacionales es de competencia del Consejo de Monumentos Nacionales, el cual, como ya señalamos, corresponde a un organismo técnico del Estado dependiente del Ministerio de Educación.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 3, numerales 3 y 4, y el artículo 6, ambos de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, modificados por la Ley Nº 19.806, corresponde a ese organismo el ejercicio de la acción penal cuando se trate de delitos que pudieran acarrear perjuicios económicos para el Fisco u organismos del Estado y de delitos cometidos en el desempeño de sus funciones o empleos por funcionarios públicos o empleados de organismos del Estado, de la Administración del Estado, de los gobiernos regionales, de las municipalidades, o de las instituciones o servicios descentralizados funcional o territorialmente.
En todo caso, la admisibilidad de dicha querella quedará en definitiva sujeta a la decisión que adopte el Juez de Garantía respectivo, atendido lo prescrito en los artículos 113, 114 y 115 del Código Procesal Penal.
En este sentido, este Fiscal Nacional en Oficio número 143 del año 2004, instruyó a los fiscales adjuntos a propósito de los organismos públicos como querellantes, abstenerse de impugnar la decisión de los jueces de garantía, añadiendo más adelante que la Fiscalía deberá defender adecuadamente y hacer valer tanto en el proceso como ante los medios de comunicación, sus facultades exclusivas y excluyentes, sin perjuicio de que la Fiscalía Regional deberá reclamar ante las autoridades del servicio público querellante en contra de cualquier exceso de sus abogados que vulnere la ética o las prerrogativas de la Fiscalía, junto con informar a la Fiscalía Nacional.
De este modo, tratándose de la protección de los Monumentos Nacionales ante los Tribunales de Justicia, y en particular de los delitos previstos en los artículos 38 y 38 bis de la Ley 17.288, la intervención del Consejo de Defensa del Estado como querellante en el proceso penal, sólo será eventual, en caso de existir perjuicios económicos para el Fisco u organismos del Estado, o por ser los imputados, funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones.
Comunicación al Consejo de Defensa del Estado.
Cuando se trate de delitos en los que pueda corresponder la actuación judicial del Consejo de Defensa del Estado, el fiscal a cargo deberá comunicar el hecho de haberse iniciado la investigación, a la brevedad posible, de acuerdo a lo previsto en el artículo 41 de su Ley Orgánica, DFL N°1 de 1993, del Ministerio de Hacienda, modificada por la ley adecuatoria l9.806.
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El presente oficio deberá ser distribuido a los Fiscales Regionales, Fiscales Adjuntos, asesores jurídicos y unidades especializadas para su estudio y aplicación, sin perjuicio de las observaciones que pueden enviarse por intermedio de los Fiscales Regionales.
Saluda atentamente a UDS.,
GUILLERMO PIEDRABUENA RICHARD
FISCAL NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO
GPR/crz
Artículo 19 nº 10 Constitución Política, “la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la educación y corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”.
Artículo 2 letra ll) Ley 19.300, “Para todos los efectos legales, se entenderá por: ll) Medio ambiente: el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige o condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”.
A modo informativo, el Consejo de Defensa del Estado es uno de los titulares de la denominada acción de naturaleza civil por daño ambiental, prevista en el artículo 54 de la Ley 19.300, de Bases del medio Ambiente, cuyo inciso primero señala que: “Son titulares de la acción ambiental señalada en el artículo anterior, y con el solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente dañado, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sufrido el daño o perjuicio, las municipalidades, por los hechos acaecidos en sus respectivas comunas, y el Estado, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado. Deducida demanda por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros. Para los efectos del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, se presume que las municipalidades y el Estado tienen interés actual en los resultados del juicio”.
a) Convención sobre la protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado. La Haya, 1954. No se encuentra suscrita por Chile, pero sí en etapa de tramitación.
b) Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prevenir la exportación, importación y transferencia de propiedad de Bienes Culturales. París, 1970. No se encuentra suscrita por Chile. La tramitación de su suscripción se suspendió el año 1995.
c) Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. París, 1972. Ratificada por Chile en virtud del Decreto promulgatorio nº 259, de 27 de marzo 1980.
d) Convenio de UNIDROIT, sobre los Bienes Robados o Exportados ilícitamente, 1995. A la fecha, está en proceso de negociación su suscripción por parte de nuestro país.
e) Convención sobre la protección del patrimonio subacuático. UNESCO, 2001. A la fecha, está en proceso de negociación su suscripción por parte de nuestro país.
El Consejo de Monumentos Nacionales durante la tramitación de las modificaciones a la Ley 17.288, planteó la necesidad de detener el tráfico de monumentos arqueológicos, actividades que en opinión de dicho organismo, consisten en cualquier movimiento o transacción ilegal de bienes culturales, dentro del país y hacia o desde el extranjero, favorecido por la existencia de un mercado ilegal de este tipo de bienes, fomentando con ello la comisión de diversos tipos de delitos contra el patrimonio cultural, tales como hurtos, robos, daños, falsificaciones y contrabando.
Artículo 169 CPP, “En tanto no se hubiere producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento, el fiscal podrá abstenerse de toda investigación, cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes o datos suministrados permiten establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión siempre será fundada y se someterá a la aprobación del juez de garantía”.
Artículo 3°.- Las funciones del Consejo de Defensa del Estado son, sin perjuicio de las otras que le señalen las leyes, las siguientes:
nº 3) “Ejercer la acción penal tratándose de delitos que pudieran acarrear perjuicios económicos para el Fisco u organismos del Estado.
El Consejo ejercerá la acción penal, especialmente tratándose de delitos tales como malversación o defraudación de caudales públicos y aquellos que importen sustracción, pérdida o fraude de fondos del Fisco, organismos del Estado o de las entidades de derecho privado a las que el Estado o sus instituciones hagan aportes o subvenciones o en las cuales tengan participación mayoritaria o igualitaria”.
nº 4) “Ejercer la acción penal, tratándose de delitos cometidos en el desempeño de sus funciones o empleos por funcionarios públicos o empleados de organismos del Estado, de la Administración del Estado, de los gobiernos regionales, de las municipalidades, o de las instituciones o servicios descentralizados funcional o territorialmente.
El Consejo ejercerá la acción penal tratándose, especialmente, de delitos tales como cohecho, soborno y negociación incompatible”.
Artículo 6°
Si alguno de los delitos a que se refiere el artículo 3°, N° 4, afectare a organismos del Estado, a los gobiernos regionales, a las municipalidades, a las instituciones o servicios descentralizados funcional o territorialmente, o a las entidades de derecho privado a las que el Estado o sus instituciones hagan aportes o subvenciones o en las cuales tengan participación mayoritaria o igualitaria, el Consejo de Defensa del Estado acordará el ejercicio de la acción siempre que, en su concepto, haya especial conveniencia en ello.
El Consejo de Defensa del Estado sólo podrá interponer querella respecto de hechos constitutivos de delitos en que las leyes requieren denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos, cuando así lo solicite este Servicio.
En ese caso, y en todos aquellos en que el Consejo de Defensa del Estado ejerza la acción penal que también corresponda a otros órganos distintos del Ministerio Público, cesará la facultad de representación de éstos en el respectivo procedimiento.
Artículo 41 de Ley Orgánica del CDE: “El Ministerio Público informará al Consejo de Defensa del Estado, a la brevedad posible, los antecedentes relacionados con delitos que pudieren dar lugar a su intervención.
“En todo caso, el Consejo podrá solicitar los antecedentes que estime necesarios para determinar si deduce o no querella.
Si no se le proporcionare la información, podrá ocurrir ante el juez de garantía, quien decidirá la cuestión mediante resolución fundada.”
